La futura Ley de Eutanasia iniciará este martes su tramitación en el Congreso y en ella el PSOE quiere que se mantengan las comisiones de supervisión formadas por juristas y profesionales sanitarios para su aplicación. Así lo ha asegurado este lunes la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, que ha apostado por las “comisiones de control” para “garantizar la seguridad de las personas que ejercen su derecho pero también de los profesionales”.
Por este motivo, Lastra ha calificado “muy importantes” unas comisiones que, según la proposición de ley, quedarían en manos de cada comunidad autónoma y que, según ha dicho Lastra, protegerá a los profesionales tanto de “posibles recursos” ante el Tribunal Constitucional como de los ataques que puedan sufrir, como ocurre con las clínicas que practican abortos.
La portavoz socialista ha defendido la Eutanasia como un derecho de las personas porque, según ha dicho, “peor que temerle a la muerte es temerle a la vida”. Por eso, el PSOE aborda la elaboración de esta ley “con mucho rigor”, en especial, para que no haya el “mínimo resquicio” que pueda afectar a médicos y demás personal sanitario encargados de su aplicación.
Objeción de conciencia
Según ha apuntado, en la propuesta del PSOE también queda “garantizada” la objeción de conciencia para profesionales que no quieran aplicar una ley para cuya elaboración el PSOE analizó diverso modelos, desde la simple “despenalización” como contempla la ley aprobada por el Parlamento catalán y su salida del Código Penal hasta otras normas “donde no había ningún control o garantía”.
Lastra ha asegurado que la propuesta que hace el PSOE da “seguridad jurídica y garantías no solamente a las personas que quieren ejercer su derecho, sino también a los profesionales de la sanidad, que lo van a practicar.
La portavoz ha adelantado que con la admisión a trámite este martes de una ley que se decayó en la pasada legislatura se abrirá un camino legislativo en el que ha anticipado “muchísimas enmiendas” pero ha defendido la propuesta que hace el PSOE, “muy trabajada con el sector sanitario, con gente de bioética, con profesionales del derecho y la judicatura para que todas estas patas de la ley estén perfectamente armadas y no haya el mínimo resquicio, sobre todo para dotar de garantías al personal sanitario”.
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